Se está reconociendo la
internacionalización de los fenómenos políticos, económicos y sociales y, en
algunos casos, su transnacionalización. Las teorías sobre la dependencia
cedieron el paso a las que planteaban la interdependencia. Unas y otras se
quedaron cortas en describir y analizar la compleja red de relaciones que se
pretendía expresar con categorías tan comprehensivas[1].
De esta forma, podemos decir que estamos frente
a una solución histórica o al surgimiento de un nuevo problema regional que
hará historia.
No es que por primera vez
se da ese vínculo entre política doméstica y política internacional, el cual al
mezclarse surge el término interméstico, se trata de un neologismo
para designar una cuestión que es simultáneamente internacional y domestica (Bayless
Manning ,1977). Por lo tanto, se buscó adoptar el término en el sentido de
reflexionar sobre los conflictos domésticos con desdoblamiento regional y
vice-versa. Lo que ocurre es que hoy es más patente, tiene implicaciones de
honda envergadura y proyecta sus consecuencias, para bien o para mal, más allá del
mandato electoral de la Administración de Juan
Manuel Santos. El
conflicto colombiano es interno pero, sin duda, tiene una dimensión
internacional, pero que no puede pasarse por alto si es que se quiere ver la
realidad como verdaderamente es.
Es importante observar que la expansión de algunos de los conflictos
domésticos, como en el caso colombiano, surgen como amenazas a algunos países
de la región y resultan muchas veces en tensiones interestatales en América del
Sur, lo que contribuye y refuerza el interés de algunos de los países del
sub-continente en ampliar y profundizar las relaciones políticas a través de la
securitización y defensa conjuntas de los activos estratégicos comunes.
Por lo tanto, la amenaza regional generada por los efectos de
conflictos domésticos de insurgencia, como el conflicto colombiano, contribuyen directa o indirectamente al
acercamiento de los países sudamericanos en torno de una agenda política común
en el área de seguridad y defensa dos recursos naturales transfronterizos,
muchas veces en respuesta a la injerencia de las políticas de potencias
extra-regionales, como los Estados Unidos a través del Plan Colombia.
En un escenario como el del mundo de la globalización, a
diferencia de la era de la guerra fría, los procesos son impredecibles. Están
menos predeterminados por la dotación de poder y las posiciones preexistentes,
y dependen más de la forma como las naciones negocian. En este sentido y
siempre, desde luego, sobre la base de que el país tiene una visión estratégica
de sus intereses en materia internacional y en función del proceso de paz, los
escenarios futuros sobre la internacionalización pueden ser positivos o
negativos en función de la manera como se manejen las variables que a su vez
determinan la capacidad de negociación del país.
Toda vez que en un conflicto armado interno gobierno y guerrillas
emprenden un proceso de paz, surge el problema de definir una agenda de negociación.
Cada conflicto tiene sus peculiaridades, y de ahí que el contenido de la agenda
varíe en función de factores tales como: los aspectos contenciosos en cuestión;
las creencias y valores de las partes en conflicto; el balance de
fuerza entre gobiernos y guerrillas; y los recursos disponibles en cada
país, así como los que se obtienen a raíz de la ayuda internacional. Estos
factores determinan el contenido y alcance de distintas negociaciones, y por
eso se observan variaciones en las agendas de paz según el país de que se
trate. Sin pretender llegar a un modelo único de agenda de negociación que haga
caso omiso de las trayectorias históricas de cada país, es importante abordar
dos preguntas que se relacionan entre sí: ¿Qué es negociable? y ¿qué se debe negociar
para lograr una paz duradera?
Contestar la primera pregunta introduce una dosis de realismo en
las negociaciones. En la medida en que haya claridad sobre qué asuntos pueden
resolverse en una mesa de negociación, se evitan excesos retóricos y se avanza
en un proceso de paz. Esta pregunta también ayuda a distinguir si una
negociación va en serio, o apenas constituye un elemento táctico dentro de una
estrategia de guerra. Hay indicios de que una parte no contempla una
alternativa distinta de la vía armada cuando sus pretensiones son excesivas y
se refieren a asuntos no negociables, o una de las dos cosas.
La segunda pregunta, en cambio, involucra una dimensión de largo
plazo. Más allá de definir qué temas son negociables, se puede argumentar que
una paz duradera depende del factor 'y' que (al menos en una coyuntura dada) no
es negociable. Bajo esta premisa, lo negociable no necesariamente conduce a la
paz.
Con la reciente experiencia fallida del Caguán hubo serios
problemas relacionados con estas dos preguntas. Por un lado, en tres años de
conversaciones no hubo claridad frente a qué era y qué no era negociable. Por
otro lado, gobierno y FARC incorporaron el modelo económico a la agenda de
negociación, como si eso ayudara al logro de una paz duradera. La discusión
arrancó y finalmente no progresó más allá del tema del desempleo. Todo esto
ayudó a generar frustración y a deslegitimar al proceso de paz.
Además, para que un proceso de paz concluya exitosamente, las
negociaciones se deben centrar en las características del régimen político y la
forma en que éste determina quién accede a cargos públicos. Un acuerdo de paz
de esta naturaleza permite abordar posteriormente problemas económicos de mayor
envergadura.
Por ello, el 8 de octubre se realizo la
primera reunión formal en el proceso de negociación entre el gobierno/Estado
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Oslo-Noruega.
Las bases de este proceso están establecidas
en el documento “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera”, como resultado del
Encuentro Exploratorio realizado en La Habana entre el 23 y 26 de agosto recién
pasado. Con ello, resta un mes para
conocer en detalle la metodología sobre la cual se desarrollará este histórico
proceso. Sin embargo, y más allá de la buena noticia que constituye la
apertura de un dialogo que se encamine hacia la pacificación de Colombia, hay
aspectos necesarios de analizar y considerar.
En términos preliminares, es importante tener
presente que este conflicto que se arrastra por 48 años:
a) Ha tenido tres intentos fallidos de negociación por la paz que han
finalizado en un aumento de la violencia y un fortalecimiento militar de las
FARC, aun cuando el número de efectivos ha disminuido constantemente en el
tiempo, llegando en la actualidad a 8.000 miembros aproximadamente.
b) El sustento ideológico básico con las cuales
se crean las FARC es marxista - leninista evolucionando a distintas
expresiones, pero manteniendo el uso de la violencia como instrumento político.
c) En los últimos años las FARC han mostrado una actividad creciente en el
negocio ilícito del narcotráfico, vinculándose con distintos carteles de
América Latina.
d) En su evolución político-militar destacan sus
conexiones y espacios de cooperación con ETA de España y el IRA de Irlanda, entre varios otros, mostrando una capacidad de relacionamiento
internacional importante y pocas veces visto para grupos guerrilleros de esta
naturaleza.
e) La influencia de las FARC es posible advertirla, en distintas formas, en
varios países de América Latina, donde existen representantes de este
movimiento y para los cuales ofrecen capacitación y entrenamiento paramilitar.
La documentación obtenida de los computadores de Luis Edgar Devia Silva, alias
Raúl Reyes, abatido el 1 de marzo de 2008, en territorio ecuatoriano por
fuerzas colombianas, bajo el mando del actual Presidente Santos cuando ejercía
como ministro de Defensa de Alvaro Uribe, dan cuenta de ello.
f) Las FARC son consideradas por la ONU y la
Unión Europea como un grupo terrorista. Venezuela las considera
una fuerza beligerante y normalmente las FARC aceptan ser llamadas como
“guerrilla”. Este status es importante pues define su posición en el sistema
internacional.
g) Las FARC han declarado, y así lo han cumplido, el término de los
secuestros de políticos y con fines de chantaje o captación de recursos
financieros.
h) Una condición manifestada por el presidente Santos para iniciar las
denominadas negociaciones exploratorias, en una primera instancia, es que el
despliegue y las acciones militares se mantendrían mientras dure la
negociación.
Estos tópicos permiten
establecer la complejidad del proceso de paz que se abre hoy día, en una cuarta
versión, desde el inicio del conflicto interno de Colombia. Esta complejidad exige tener presente que en
esta oportunidad –al igual que en el gobierno de Gaviria (1990-1994)- el
proceso de paz incluye a otros países. En los 90’s fueron Venezuela y
México. Hoy día, aparecen como garantes Cuba y Noruega y bajo de denominación
de acompañantes, Chile y Venezuela. Se plantea además la posibilidad de invitar
a otros países.
Las
consideraciones de fondo. El proceso de paz ha
tenido un inicio irregular para este tipo de negociación. Al efecto, el anuncio
lejos de ser coordinado y realizado en conjunto o en forma simultánea por los
dos actores, se dio a la luz pública en
virtud de una filtración periodística de Telesur, el 27 de agosto, donde
se daba cuenta de la firma de un documento que establecía el marco para estas
negociaciones, la que fue replicada a las pocas horas por agencias y cadenas
colombianas y diversos medios internacionales.
A partir de allí, las
primeras declaraciones del propio presidente Santos reconocieron la existencia
de esta iniciativa y fueron agregando detalles acerca de su significado. Recién el 3 de septiembre las FARC emitieron
un comunicado oficial reconociendo estos hechos y sumándose a esta
iniciativa para iniciar el diálogo.
La forma en que se conoce
este documento firmado en La Habana constituye un elemento de debilidad para el
inicio del proceso, toda vez que obliga a los distintos actores a improvisar la
estrategia comunicacional y política con la cual se enfrenta, y deja en el
espacio público los factores, condiciones y elementos que definirán los
detalles del mismo y la metodología de trabajo a utilizar.
De
hecho, los países que cooperan en todo esto, han debido sumarse prudentemente a
una situación planteada desde una filtración y que puede determinar, en forma
prematura, los resultados. En estricto rigor, la
demora en la aceptación de parte de las FARC define una ventaja en el inicio de
este proceso pues instala una negociación en dos dimensiones, una privada e
institucional, señalada en el documento, y una pública-mediática a través de la
prensa, generando evidentes distorsiones respecto al avance y evaluación de los
resultados.
Considerando
el documento suscrito por los protagonistas está la posibilidad cierta de
invitar –de común acuerdo- a otros países a este proceso. Ello permitiría que esta negociación se transforme en un tema regional,
involucrando a UNASUR u otras instituciones similares, con lo cual la
responsabilidades de los países acompañantes pasan a tener una mayor
relevancia, en cuanto su compromiso aumenta para conseguir el éxito de esta
iniciativa, pero también involucra su posición política a partir de las
acciones que se definan en este escenario.
Dado las reglas de
funcionamiento de este Acuerdo General, resulta conveniente que los países
participantes establezcan mecanismos de estudio y evaluación continuos que
incluya a distintos actores nacionales, incluidos los privados con la finalidad
de analizar las implicancias e impactos que el debate y la participación
establecidas van a generar, en tanto resultarán vinculantes para resguardar la
implementación de los acuerdos.
No deja de llamar la
atención el último punto establecido en las reglas de funcionamiento, que
afirma “las conversaciones se darán
bajo el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
Ello da cuenta de la complejidad del proceso que se abrió el 8 de octubre.
Respecto a los temas que se
abordarán, todos resultan ser los suficientemente amplios como para esperar que
ninguno tenga rápida solución, y menos implementación. Se plantea, entonces, el riesgo evidente de una interminable negociación
que estará marcada por las políticas coyunturales, la resonancia mediática de
distintos actores y la utilización de argumentos y posiciones de parte de cada
uno de los países. Por esta razón, pareciera ser una exigencia mínima
que el cronograma que se defina en el primer encuentro sea lo suficientemente
realista para definir las condiciones de mantener abierto este proceso o
suspenderlo inmediatamente si los objetivos no se están cumpliendo.
El objetivo de lo propuesto
es evitar regionalizar en exceso la búsqueda de la paz en Colombia, asumiendo
que siempre estuvo considerado como un tema solamente limitado a este país.
El
términos generales, las temáticas que se abordan son política de desarrollo
agrario integral, participación política –que implica la posibilidad de que las
FARC se transformen en movimientos políticos-, proceso integral para el fin del
conflicto, solución
al problema de drogas ilícitas, derechos humanos de las víctimas y el proceso
de la reconciliación asociado; y la generación de mecanismos de implementación,
verificación y seguimiento.
En este último, con
seguridad los países “acompañantes” tendrán un rol destacado.
De llegar a buen puerto
esta histórica iniciativa, Colombia recuperaría un porcentaje de territorio
importante para efectos productivos, lo cual constituiría un avance
significativo para su economía. Y sería la apuesta más riesgosa del presidente Juan Manuel Santos para su
eventual reelección en el 2014.
[1] Fernando Cepeda Ulloa, La Teoría de la
Dependencia: una ideología paralizante, en Dependencia y Desarrollo, Anif,
Bogotá, 1978, pp. 179-197.
